Aun los delincuentes (y sobre todo los que lo son sólo presuntamente) tienen derechos, que deben ser respetados. Salvo cuando una sentencia los priva de algunos de ellos, como la libertad personal y la de tránsito, o cuando se les inhabilita conforme a la ley para el desempeño de una función, quienes han infringido la norma y son procesados por eso, conservan derechos esenciales como los de expresión y petición. De no aceptarse esta idea y su práctica, el Estado se abate al mismo nivel de quienes rompen las bases legales de la convivencia, y pierde con eso legitimidad.

Un caso que hiere profundamente la conciencia pública mexicana es el de más de veinte personas apresadas en diversos momentos y lugares, acusadas de pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y de cometer en esa calidad otros delitos.