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• La defensa se opone a la presunción de culpabilidad de Raúl Salinas de Gortari por dos motivos: 1) solicitar el cierre de la instrucción y sentencia tras casi cuatro años de proceso, lo cual la defensa justifica como el ejercicio de garantías constitucionales;
• 2) no interrogar a Antonio Chávez sobre el Jetta en el careo.
• La defensa argumenta que no interrogarlo sobre el Jetta era legal, ya que ese encuentro ocurrió en el proceso por enriquecimiento ilícito, que es legalmente distinto al proceso por homicidio (del Jetta).
• El Juez, al mezclar ambos procesos, actuó de forma anticonstitucional.

• La defensa sostiene que el Juez se basó en pruebas fabricadas por Pablo Chapa y José de Jesús Cortes Osorio.
• Se detalla que el caso de la osamenta en ´El Encanto´ se originó por un ´anónimo´ de Ramiro Aguilar Lucero.
• Se demuestra que las acciones contra Antonio Chávez (su detención y declaración) fueron simuladas, que el acta de su declaración tiene fechas y firmas falsas, y que la PGR pagó 2.5 millones de pesos a Ramiro Aguilar.
• Finalmente, Aguilar Lucero se retractó, declarando que no conocía a RSG ni a Chávez, y que Cortés Osorio le manejaba las respuestas.

Denuncia la tergiversación de pruebas en el caso de Raúl Salinas. La defensa muestra que el Ministerio Público actuó fuera de la ley.

Señala las contradicciones entre Gabriela Rodríguez y su padre sobre la recepción del pago de 500 mil dólares. Incluye referencias a auditorías que confirman la ilegalidad de los pagos a testigos utilizados por la PGR.

Muestra cómo Lozano Gracia reconoció el pago a testigos, incluyendo a “La Paca” y Ramiro Aguilar, usados para inculpar a Raúl Salinas. Se denuncia que el juez ignoró estas pruebas, aceptando declaraciones manipuladas.

Analiza las contradicciones de Lozano Gracia y Pablo Chapa sobre los pagos a testigos, y cómo la PGR usó sobornos para fabricar declaraciones. El documento vincula estos hechos con el montaje de “La Paca” en el caso Muñoz Rocha.

La apelación de Elorriaga y Entzín debe concluir con su libertad, pues el juez aplicó mal la ley.

• El Juez es acusado de inculpar a Manuel Muñoz Rocha, un desaparecido, sin que este haya tenido proceso, derecho de audiencia o defensa.
• La defensa argumenta que el Juez utiliza la figura de ´determinación en cadena´ (de Fernando Rodríguez a Muñoz Rocha, y de Muñoz Rocha a Raúl Salinas de Gortari) para inferir la culpabilidad de RSG.
• Esta acción es ilegal y anticonstitucional, ya que nadie puede ser juzgado en ausencia.
• Además, el Juez actuó ilegalmente al suplir las funciones del Ministerio Público al validar pruebas recabadas unilateralmente después de la consignación.

• La defensa destaca las contradicciones entre los testimonios de Fernando Rodríguez (testigo pagado) y Antonio Chávez (escolta) respecto a la supuesta visita de Manuel Muñoz Rocha a la casa de Raúl Salinas de Gortari antes del crimen.
• Las contradicciones giran en torno al color del auto Century (azul celeste vs. azul gris), si el auto se quedó afuera o entró al estacionamiento, y si RSG salió a la puerta a despedir a Muñoz Rocha o lo hizo en el estacionamiento.
• La defensa sostiene que todos los testimonios sobre esta visita son contradictorios y que los escoltas originales negaron haber manejado o visto el Century.

• La defensa rebate la afirmación del Juez de que Raúl Salinas de Gortari negó su amistad con Manuel Muñoz Rocha.
• RSG solo negó que fuera una amistad íntima.
• Se argumenta que la amistad, íntima o no, no es motivo para cometer un crimen.
• Además, se presentan testimonios de personas muy cercanas a Muñoz Rocha (su hijo, hermanas y amante) que afirman que él no tenía una amistad estrecha con RSG, pero que el Juez no valoró.