TCM es la respuesta del gobierno para la petición de comunidades marginada a las que se pretende dar el tratamiento de todos los mexicanos o sea el acceso a los bienes patrimoniales de la Nación.

Mediante acuerdos del 1 de julio de 1969, dirigidos a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, el gobierno estableció en materia de radio y televisión un mecanismo fiscal que débil por una parte prolongó hasta en diez años la vigencia de las autorizaciones en ese campo a cambio de la obligación de cumplir la ley.