El texto critica la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo en México, destacando la falta de autonomía y eficacia en la revisión de la cuenta pública. Se menciona la designación de Javier Castillo Ayala como Contador Mayor de Hacienda, resaltando su vínculo personal con el Presidente Salinas, y se cuestiona la independencia de dicho puesto frente al poder presidencial.
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Plaza Pública relativa al tema de presidencialismo en México, que es erigir al Presidente de la República como foco central de la vida política mexicana, y de este sistema se han conformado varios estilo para gobernar como ejemplo tenemos el presidencialismo radical que se da cuando nuestra Constitución adopta un régimen presidencial, y pone a la rama ejecutiva como tradicionalmente, la más poderosa del gobierno mexicano; la preponderancia del Ejecutivo sobre los otros poderes federales, que es una tendencia universal y contemporánea a la cual México no ha escapado, consiste en el fortalecimiento progresivo del Poder Ejecutivo, por lo anterior, es explicable que el papel de los otros dos poderes se haya visto opacado por la influencia del Ejecutivo, entre otros sistemas variaciones.
EL editorial de EXCELSIOR del lunes 30, cuya tesis principal: la censura a la ligereza -con que actúan las dos cámaras del Congreso de la Unión, fue convalidada más tarde por el presidente de la Asociación de Diputados Constituyentes, Ignacio Ramos Praslow, ha suscitado reacciones de defensa en varios legisladores, y aun la admisión del apresuramiento formulada por el presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, Carlos Sansores Pérez, quien en Los Finos deseó "que contemos siempre con tiempo suficiente para todos los asuntos".
Miguel Ángel Granados Chapa cuestiona si la participación del ministro Carlos del Río, presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, en una misión diplomática en lugar de un representante del Ejecutivo, afecta la dignidad del Poder Judicial. Aunque no había otras opciones viables, esta situación compromete la autonomía judicial.
Cuestiona la decisión presidencial de dejar al Congreso la iniciativa sobre el derecho a la información y el trabajo universitario. Plantea si es un verdadero fortalecimiento legislativo o una táctica para empantanar y diluir estas leyes polémicas.