La escucha telefónica, y el espionaje a través de sensores y micrófonos son prácticas ilegítimas de alcance universal y utilizadas en todos los rangos políticos: el presidente Giscard D´Estaing narra en sus memorias haber encontrado un centro oficial dedicado a aquel servicio, cuya cancelación ordenó inmediatamente, el presidente Echeverría dio al menos una muestra de beneficiarse de esos instrumentos; y una persona, que realizaba trabajos en tal sentido para el director de la policía política José Antonio Zorrilla, fue asesinado.