Sometido el caso a la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el de los presos de Aguililla, Michoacán, puede convertirse en la piedra de toque de las verdaderas posibilidades y alcances de ese organismo, cuyo presidente Jorge Carpizo compareció ante la prensa, para un informe inicial de sus actividades.

Plaza Pública sobre la Procuraduría Agraria y el nombramiento de su Procurador, fue muy sorprendente para los abogados que pese el alto contenido jurídico de las funciones del Procurador Agrario que en su reglamento no se demandaba que fuera licenciado en derecho, sino que bastara con cinco años de experiencia en cuestiones agrarias, esta modalidad ha permitido el acierto de que se nombrara como titular de esa oficina al antropólogo Arturo Warman, y aunque parezca una mala decisión en realidad no lo es, esto se confirma por que conforme el artículo 135 de la Ley Agraria, el Procurador está encargado de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios agrícolas es decir un ´procurador de pobres´ que tiene como fin de ayudar y aún representar a esas personas, así como prevenir y denunciar la violación de la legislación rural, lo cual hace a Warman idóneo al puesto porque ha dedicado su vida entera al estudio de los campesinos y a la convivencia con ellos.

• La Recomendación 104/95 de la CNDH, emitida al Gobernador del Estado de Guerrero, fue el documento más extenso expedido por la Comisión hasta esa fecha (360 páginas).
• La investigación concluyó que: Violencia y Ejecución: El operativo policial no fue un acto de legítima defensa.
• Manipulación de la Evidencia: La Procuraduría General de Justicia del Estado incurrió en conductas tendenciosas, negligentes y omisivas.
• La CNDH evidenció el ´sembrado´ de armas en los cadáveres, el manipuleo del videocasete entregado por el Gobierno, y la sustitución de por lo menos un arma tipo AK-47 asegurada.
• Recomendaciones Clave: La CNDH recomendó la destitución inmediata de altos funcionarios, incluyendo al Procurador General de Justicia, Lic. Antonio Alcocer Salazar, y al Secretario General de Gobierno, Lic. José Rubén Robles Catalán, y la designación de un nuevo fiscal especial ajeno al Estado de Guerrero para que prosiguiera con la acción penal contra los responsables.