• Tal vez se haya rebasado ya en el caso de la Procuraduría de la República el límite de la resistencia política de que debe estar revestida una autoridad para realizar con eficacia sus funciones.
• Sus jefes y agentes han estado sometidos a un desgaste tal que acaso llegó ya la hora de practicar una operación de cirugía mayor.
• Reemplazar, por ejemplo, al subprocurador encargado del narcotráfico sería una medida congruente con la narcodiplomacia recien y con la nueva política de derechos humanos.

• El asesinato de la abogada Norma Corona en 1990 en Culiacán llevó a una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
• Se descubrió que miembros de la Policía Judicial Federal estaban involucrados, incluyendo al comandante Mario Alberto González Treviño.
• A pesar de las pruebas, la corrupción y extorsión complicaron el caso, revelando un profundo vínculo entre autoridades y narcotraficantes.

La CNDH denunció la instalación de micrófonos en su sede, lo que generó preocupación sobre el espionaje telefónico. Este problema, con implicaciones políticas y de seguridad, se ha utilizado para chantajes y control político.

• La Procuraduría General de la República se ha convertido en la principal interlocutora de la Comisión de Derechos Humanos, que en sus tres meses de vida se ha dirigido de modo reiterado a la jefatura del ministerio público federal, porque alli hay proclividad a pasar por encima de la ley.
• Ahora, esa breve pero intensa relación ha llegado a un punto érítico, que definirá el curso de las recomendaciones emitidas por la oficina del doctor Jorge Capizo.

La columna de opinión escrita por Miguel Ángel Granados Chapa para el periódico Reforma discute las inconsistencias y contradicciones en las investigaciones sobre la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una indígena que falleció el 26 de febrero de 2007 en Zongolica, Veracruz.