Sobre el decreto presidencial para cerrar la Refinería 18 de marzo, la decisión presidencial sobre Azcapotzalco, lleno de controversia y opiniones encontradas y la relación del sindicato petrolero con la situación de los empleados y de los vecinos de Azcapotzalco y la polémica de ser una fuente de empleos.

• El artículo analiza el impacto político del asesinato de Manuel Buendía y la captura de Zorrilla.
• Advierte sobre la necesidad de transparencia para evitar que el caso se cierre sin justicia y llama a depurar los cuerpos de seguridad.
• Señala el vínculo entre crimen político y corrupción estatal.

• El 30 de mayo de 1984 en que fue asesinado don Manuel Buendía, cuyos presuntos asesinos están siendo juzgados para que se determine si, como muchas personas creemos, fueron en verdad los autores y protagonistas de la conspiración político criminal que condujo a la privación de la vida del gran periodista.
• Mientras tiene lugar su proceso, se está desarrollando otro, nacido de la inconciencia y la mala fe, contra la memoria de la víctima.

La CNDH denunció la instalación de micrófonos en su sede, lo que generó preocupación sobre el espionaje telefónico. Este problema, con implicaciones políticas y de seguridad, se ha utilizado para chantajes y control político.

José Antonio Zorrilla, ahora sentenciado por el homicidio de don Manuel Buendía, llegó al escenario del crimen, aquel 30 de mayo de 1984, muy pocos minutos después del atentado.

Borrador y artículo. La organización del plebiscito pertenece a los ciudadanos, no al gobierno ni a los partidos políticos. La reforma que agravó la penalidad del homicidio entró en vigor el 1 de febrero de 1989.

• Esperemos que haya sido sólo indeIicadeza política y no un gesto semejante al de Napoleón, que tomó del Papa la corona que éste iba a imponerle y se la colocó él mismo sobre la cabeza, para no reconocer dependendia alguna de la Santa Sede.
• Pero fue al menos desconcertante que el gobernador de Veracruz, Fernando Gutiérrez Barrios, se adelantara algunas horas al nuncio oficial de su designación como secretario de Gobernación, y se encargara él mismo de comunicarla, en vez de esperar a que lo hiciera en la ciudad d México Otto Granados, quien tenía confiada la encomienda de notificar por la tarde del miércoles 30 la integración completa del gabinete presidencial.

• Se inició el proceso de José Antonio Zorrilla, cuando el juez 34o. le dictó el auto de formal prisión por haber ordenado la muerte de don Manuel Buendía.
• Está preso.
• Pero el dato sobrecogedor es que podría estar en situación contraria, del otro lado de la reja.
• Podría, por ejemplo, ser director de inteligencia de la policía metropolitana ¿No lo fue, mientras se resistió la presión social, Miguel Nazar Haro, sujeto a proceso en los Estados Unidos?
• ¿No lo reemplazó Juventino Prado, antes jefe de la Brigada Especial, verdadera Brigada de Ejecución, preso hoy también?
• En esa posibilidad radica una de las cuestiones centrales de este asunto, principalísimo para la vida mexicana.

• Dos personas encontradas culpables por el asesinato de Manuel Buendía obtuvieron una sentencia que inexplicablemente no fue la máxima.
• El autor intelectual ocupaba un cargo público y ese aspecto no fue considerado en la sentencia.
• Se menciona que Manuel Bartlett posiblemente estuvo involucrado y desde su cargo hizo lo posible para entorpecer la investigación.

• José Antonio Zorrilla, ahora sentenciado por el homicidio de don Manuel Buendía, llegó al escenario del crimen, aquel 30 de mayo de 1984, muy pocos minutos después del atentado.
• Luis Soto, que ahora escribe la columna ´Acciones y reacciones´ en EL FINANCIERO, y entonces era secretario del periodista asesinado, llamó por teléfono al director federal de seguridad, que acudió presto al requerimiento.
• Demasiado presto, quizá.
• Como que sabía de lo ocurrido, puesto que él mismo había dado la orden.