El Procurador General de la República está obligado a cooperar para extraditar a España a Cavallo de acuerdo con los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de almenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1973.